El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) exigió ayer a los gobiernos federal y estatal se garantice la seguridad de los funcionarios públicos que llevan a cabo labores de defensa del medio ambiente, así como las personas de la sociedad civil que denuncian actos violatorios de la legislación ambiental, tras lamentar la muerte de dos inspectores de la Profepa y uno más de la Conanp, en la comunidad de Albarrán, Temascaltepec, Estado de México.
De acuerdo con el reporte emitido por el Cemda, el pasado jueves 20 de mayo los empleados federales Juan García Xingu, Bernardo Sánchez Venegas, Valentín Reyes García e Isidro Luna Alonso, éste poblador de Temascaltepec, ingresaron a la comunidad de Albarrán, Temascaltepec, investigando posibles impactos a los recursos naturales de la zona por vertimiento de químicos, así como cambios de uso de suelo, presuntamente a cargo de la compañía canadiense «Genco Resources», titular de los derechos de exploración de la mina denominada «La Guitarra», y al día siguiente fueron hallados muertos.
La Profepa debe desarrollar un sistema de inteligencia y seguridad mucho más sofisticado del que tiene actualmente, así como operaciones más diligentes y responsables.
Hechos como el no contar actualmente con un delegado de Profepa en el Estado de México ni con un subprocurador jurídico desde hace ya varios meses, hacen que la zona sea más vulnerable a situaciones de esta naturaleza.
Es hora de que el Estado demuestre con hechos contundentes el discurso del Ejecutivo a favor de la legalidad y el estado de derecho, así como el de considerar fundamental y urgente la defensa del medio ambiente.
A través de su vocería, el Cemda destaca que el país tiene una larga lista de defensores torturados, incriminados o asesinados por su labor. Activistas asesinados, como Dante Valdez, en 2008 en Chihuahua, por actuar en contra de mineras; Mariano Barca, en 2009 en Oaxaca, en contra de minera Blackfire; Francisco Quiñónez, torturado y asesinado en 2006, en contra de minera en Peña Colorada, Jalisco.
Los defensores en contra de rellenos sanitarios han sido también víctimas constantes como Cristóbal Martínez Robles, torturado y secuestrado en 2009 (Lomas de Mejía, Cuernavaca) y el abogado Fernando Mayén (contra relleno de Jilotzingo, Estado de México), asesinado en 2008. Otra causa recurrente que victimiza a líderes es la tala ilegal; en este caso están los campesinos Aldo Zamora y Rodolfo Montiel,* el último de estos casos litigándose ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gustavo Alanís Ortega, presidente del Cemda, dijo que ante estos atropellos y el clima de inseguridad creciente, los defensores de causas sociales y la ciudadanía exigen el esclarecimiento de todos estos hechos, que en su gran mayoría han quedado en la impunidad, para que no impere la ley del más fuerte sino la de la razón y de las leyes.
Nota del Centro Prodh: está en litigio ante la CIDH el caso de los dos campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.